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Siglas que se corresponden con “Menor Extranjero No Acompañado”, término que se define en el Real Decreto 557/2011, por el que se aprueba Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de extranjería, como aquel extranjero menor de dieciocho años que llega a territorio español sin venir acompañado de un adulto responsable de él.

ACNUR, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, añade otras cualidades, considerando a todas aquellas personas menores de 18 años impulsadas a salir de sus países por diversos motivos, que pueden abarcar desde lo económico, motivos familiares o desprotección institucional.

Las estadísticas indican que, en su gran mayoría, los países emisores de “MENAS” son países africanos, Europa del Este y Oriente Medio. Lugares que tienen en común bajos índices de desarrollo e inestabilidad.

En la actualidad asistimos en ocasiones a un fenómeno en el que el término MENA puede llegar a generar cierta connotación negativa, asociándose con situaciones de vandalismo o incluso criminalidad. La Convención sobre los Derechos del Niño define ‘‘niño’’ en su primer artículo como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad pudiendo llegar a abandonar tal noción. De acuerdo con lo primero se puede llegar a olvidar incluso que se trata de un colectivo de personas que, si por su corta edad merecen especial protección, atendiendo a su situación personal, hay que sumar su especial vulnerabilidad, mereciendo, por lo tanto, un tratamiento diferenciado como bien establece la normativa española (artículos 46 y ss. de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, del derecho de asilo y de la protección subsidiaria).

En el momento de la llegada de un menor extranjero no acompañado al territorio español, y de acuerdo con la normativa interna y los Tratados suscritos por España, previos trámites oportunos, se le reconoce la condición o estatuto de refugiado, en el caso de huir de su país de origen por temores fundados de perseguibilidad, o el derecho a la protección subsidiaria, en el caso de no cumplir con alguna de las notas que condicionan la consideración del estatuto anterior (artículos 3 y 4. de la Ley 12/2009).

Entre estos trámites se encuentra la determinación de la edad del extranjero no acompañado, para establecer con seguridad que se trata de un menor de edad, llegando tanto a indagar sobre su identificación o circunstancias familiares, como colaborando con instituciones sanitarias, dato que más tarde se inscribirá en el Registro correspondiente.

Por otro lado, una de las garantías reconocidas es la no devolución ni expulsión del solicitante, tanto en trámite como tras el reconocimiento (artículo 5 de la Ley 12/2009). Surge en este punto, tras el reconocimiento de la no repatriación, el dilema del tratamiento de la situación administrativa del menor.

Transcurridos nueve meses, se considerará automáticamente su regularización en España, otorgándole la autorización de residencia, efecto que se retrotraerá desde su puesta a disposición a las Entidades Públicas competentes.

Pese a la especial protección de la que gozaba en un primer momento, esta desaparece cuando el menor cumple la mayoría de edad, inclusive si quedasen pocos meses para que cumpliese los 18 años al llegar al territorio español, debiendo abandonar el lugar o centro de acogida en el que se encontrase tutelado. En numerosas ocasiones sin haber podido siquiera haber llegado a culminar los trámites para su regularización.

A todo lo anterior, se puede llegar a sumar la imposibilidad de acceder al mundo laboral, que permita el sustento del ex-tutelado, si no se ha llegado a tramitar una autorización de trabajo (artículo 40.1.i) LO 4/2000), tanto en los casos en los que la persona dispone de un permiso de residencia, existiendo supuestos en los que no se les llega a tramitar la autorización de trabajo, como en aquellos en los que no se ha podido iniciar el procedimiento de regularización.

En los supuestos en los que se ha concedido el permiso de residencia al joven, ya mayor de edad, aunque existiera un margen de tiempo en el que poder tramitar una renovación de su residencia, en muchas ocasiones lo que se produce es una situación nuevamente de vulnerabilidad, en el que un joven ya no tutelado, se enfrenta a no poder cumplir con los requisitos para la renovación de su Permiso de Residencia, como son la condición de aportación de una renta mínima o medios económicos para poder continuar legalmente en España, al no acceder a una oferta de trabajo.

Jenifer Barreales Ogunleye

Graduada en Derecho y Cursando Máster de Acceso a la Profesión de Abogado

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